GOBIERNOS REGIONALES Y TRANSPARENCIA PUBLICA

La ley del Procedimiento Adminsitrativo General LEY 27444 y la LEY Nº 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, son las normas que debe seguir las entidades de la Administración Pública, para mostrar y publicar con toda transparencia la información
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Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la
Administración Pública:
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados;
2. El Poder Legislativo;
3. El Poder Judicial;
4. Los Gobiernos Regionales;
5. Los Gobiernos Locales;
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía.
7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades
se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las
normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro
régimen; y
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen
función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a
la normativa de la materia.

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El problema de la mayoría de las entidades de la Administración Pública es que no muestran con la transparencia que espera el ciudadano, los gastos de los grandes proyectos, es decir, cada proyecto tiene un presupuesto aprobado, tiene programado desembolsos según avance de obra, tiene un tiempo de ejecución, esto es lo que no se publica, y si se publica se hace con mucho tiempo de retrazo y solo temas generales, esto hace que el ciudadano no pueda fiscalizarlos. Cada proyecto debe tener una ficha técnica con todo los datos de inversión y entidad que lo ejecuta, debe tener un diagrama de tiempos, que permita fiscalizar el avance de la obra, debe mostrarse gráficamente en la Web. Esto permite la malversación de fondos, hecho que preventivamente no se puede contralar, solamente proceden denuncias judiciales post-obra.

Eso es la verdadera transparencia, por lo tanto es deber del ciudadano elector, tener como tarea prioritaria exigir a sus candidatos, que en su propuesta de trabajo ese tema sea desarrollado en amplitud, considerando todas las aristas de trasparencia, utilizando los medios informáticos y de acceso público.